El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), fue objeto de 28 observaciones en la revisión que la comisión de vigilancia del Congreso del estado realizó de las cuentas públicas del segundo semestre de 2007 y en ellas se presume la existencia de aviadores y apoyos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con plazas, pago indebido y excesivo de salarios y construcción de inmuebles.
Destaca entre esos puntos la observación número cuatro, en la que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), tras revisar las nóminas que se pagaron en 2007 con recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), encontró “la existencia de 119 personas con puestos no autorizados que ocupan 125 plazas, a los que se les han realizado 125 pagos que ascienden a 199 mil 690.37 pesos anuales de sueldos brutos pagados en 2007”.
La respuesta que el titular del IEA, Óscar Ponce Hernández, envió al organismo fiscalizador fue la de que “se depuró la base de los registros” que estaban en esta situación, lo que a juicios del OSF es una “aceptación tácita de la improcedencia de los pagos”.
En este caso, el director del Instituto deberá acreditar dicha depuración y resarcir los casi 200 mil pesos a FAEB, mientras que la Contraloría deberá proceder a deslindar responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes.
Otra de las observaciones, la número 5, indica que de las 108 plazas que la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó en la entidad para el periodo 2007-2008, 51 fueron utilizadas para apoyo del SNTE, además de que en general no fueron aplicadas conforme a lo establecido en los oficios de otorgamiento.
En su respuesta el IEA presentó cédulas sin firmar y sin acotar quién las había elaborado y afirmó que ante la Auditoría Superior de la Federación se solventó esa observación devolviendo al FAEB el monto erogado en los sueldos “durante el tiempo en que dichas plazas fueron utilizadas en otros fines distintos a los autorizados”, cantidad que ascendió a 30 millones 853 mil 196.15 pesos, más 844 mil 606.16 pesos de intereses; sin embargo, no comprobó el reintegro.
El OSF determinó que, de no acreditarse este reintegro, la Contraloría deberá investigar para deslindar responsabilidades e imponer sanciones.
Asimismo, de la observación número 6 se obtiene que “de acuerdo con el análisis de la relación de personal docente con licencia sin goce de sueldo y que laboran en otras dependencias (…) existen funcionarios que cobran sueldos”, significando esto con deducciones incluidas, un gasto de un millón 184 mil 858.64 pesos al Instituto.
El IEA respondió que “antes de la descentralización”, el personal docente que obtenía algún cargo en los tres niveles de gobierno mantenía sus plazas docentes cobrándolas “en su totalidad y aún posterior a ello”, situación que, aseguró, se corrigió en la presente administración y se reintegró al FAEB el monto erogado en los pagos que recibían.
No obstante, los auditores ordenaron que se acredite con los documentos correspondientes lo sostenido por Ponce Hernández y se dé vista a la Contraloría para que proceda en caso que haya lugar.
En la observación número 7 los auditores encontraron que “existen 76 empleados que cuentan con oficio de comisión “a la Sección 1 del SNTE, con 152 empleados a los que se les pagaron en total 20 millones 949 mil 976.72 pesos en 2007, deducciones incluidas.
Aunque el IEA alega el reintegro al FAEB de la cantidad pagada a estos docentes, no presenta evidencia documental ni un documento donde conste que la ASF realizó esa misma observación y que haya sido solventada ante ésta, de modo que deberán acreditarse ambos dichos y darse vista a la Contraloría para que proceda.
En la observación número 8, el Órgano Superior de Fiscalización detectó a 86 funcionarios que cobraron más de lo estipulado en los tabuladores de sueldo, significando sus salarios tres millones 292 mil 174.20 pesos de gasto para el IEA.
El IEA deberá reintegrar a las arcas estatales esa cantidad y la Contraloría deberá proceder, al haber respondido la dependencia presentando el tabulador salarial fue el mismo sobre el cual se hizo la observación, cuando “el tabulador salarial propuesto por la Secretaría de Gestión e Innovación (…) determinó que los pagos realizados al personal de mandos medios y superiores” del Instituto fue superior al previsto, que ya incluía un aumento del cuatro por ciento.
De la observación 9, no se acreditó la autorización del incremento al complemento de sueldo de ocho funcionarios, lo que de cualquier forma violaría el reglamento interno del Instituto que no confiere al director de finanzas y administración –que Ponce señaló como responsable- la autoridad para autorizarlos.
De igual forma, no se justificó la ampliación de horario ni se comprobó el trabajo por el que se justificó el incremento, por un total de ocho mil 867 pesos a María Luisa Macías Loera, Claudia Lara Fernández, Carmen Castañeda Pérez, Angélica Macías Escobedo, Tania Morales Martínez, Danyel Díaz Zúñiga y Armando Rodríguez Esparza.
En la observación 10 se señala el pago de 101 mil 304.84 pesos, deducciones incluidas, a cuatro personas comisionadas a otras dependencias.
El IEA argumentó sólo que dichas personas cubren las funciones establecidas en el fondo, por lo que los fiscalizadores le ordenaron que “en lo sucesivo regularice la situación laboral del personal en cuestión”.
Posteriormente, en la observación número 12 se encontró la entrega de un millón 669 mil 835.63 pesos al SNTE por concepto de “apoyos a construcciones varias”, mismos que aunque demostró estaban presupuestados para ese año, no justificó en los dos ejercicios que se hicieron, el primero 649 mil 811.80 pesos y el segundo por un millón 20 mil 23.83 pesos.
El resto de las observaciones consiste en justificar gastos en vehículos con cargo al Instituto, liquidaciones, incremento en la nómina a mandos medios sin nombramiento (que deberá resarcir) y la justificación de algunos donativos.
